UN SIMCE EN PROBLEMAS 

Nuevamente la Región de Atacama presenta los resultados más bajos a nivel nacional en la medición Simce, transformándose en una tendencia que obliga a identificar qué está afectando la sala de clases que no permite avanzar en resultados.

En términos simples un mal Simce es un síntoma de un problema mucho más profundo pero que radica esencialmente en la falta de contenidos abordados por los estudiantes sin alcanzar los desempeños mínimos que se definen en cada asignatura y nivel.

En la actualidad, la educación pública constituye casi un 80% del total de la oferta educativa en la región, por ello identificar qué afecta a sus escuelas y liceos es esencial para encontrar mejoras.

Fortalecer la calidad de la estrategia didáctica de los docentes en lenguaje y matemática es indispensable, se evidencia falta entrenamiento, asistencia y un trabajo colectivo que les permita retroalimentar su desempeño.

Los elevados niveles de licencias médicas requieren de dispositivos efectivos de reemplazo que permitan proseguir estrictamente con lo planificado por mes de acuerdo al curriculum nacional.

Abordaje efectivo de la convivencia escolar para enfrentar en tiempo y forma las diferencias en la dinámica entre escolares, familias o funcionarios. Climas más adecuados son esenciales para mejores aprendizajes.

Exceso de autorizaciones docentes en las asignaturas base por falta de especialistas, este reemplazo no asegura el manejo disciplinar y pedagógico básico para el desarrollo de los contenidos.

Lo anterior, es resultado de una oferta de pedagogías no coherente con las necesidades más urgentes del sistema educativo. Una muestra de ello son el exceso de psicopedagogos que hoy, vía autorización docente, deben realizar clases para cubrir asignaturas.

Brechas preocupantes en los docentes ante la falta de innovación y aplicación de tecnología en sus asignaturas, sabiendo que existen programas y lenguajes para lograr clases más atractivas y motivadoras con estudiantes que son nativos digitales.

Ante estas y otras dificultades debemos asumir que estamos frente a un problema, aceptarlo nos pone nuevas prioridades y otro orden de necesidades con el propósito de reforzar una educación que es la principal herramienta para otorgar más y mejores oportunidades para niños, niñas y adolescentes.  

EDUCACIÓN E INSEGURIDAD 

Una latente preocupación ha manifestado un grupo de padres y apoderados por las situaciones de inseguridad que se han generado en los recintos educacionales, afectando la participación escolar de sus hijos, en especial, a partir de enseñanza media.

Para identificar qué problemas son los acuciantes podemos tomar como ejemplo lo que nos muestra la prensa: porte de armas, consumo y venta de drogas, riñas y hasta agresiones a docentes, sin embargo, hay que reconocer que no todos los problemas afectan a las comunas por igual a pesar de que las dificultades son transversales y urgentes.

Primero medio es un nivel crítico, es el que presenta la mayor repitencia del sistema educativo, siendo el sector público y municipal los que evidencian los más altos índices, pero también el que presenta la mayor deserción escolar.

El consumo de drogas y microtráfico se han instalado como problemas latentes, con algunos padres que han permitido el uso recreacional pero que no identifican las vías ni las actividades con grupos de pares para conseguirla.

Una dificultad reiterativa se evidencia con las familias desvinculadas con lo que les ocurre a sus hijos en el proceso escolar frente a las situaciones conflictivas, sin mostrar adherencia a las intervenciones de la red externa existente.

Protocolos y sanciones aplicables al interior del establecimiento educacional con foco formativo, para algunos padres excesivamente débiles, frente a acciones que presentan características delictuales, considerando que lo punitivo, sobre los 14 años, corresponde a instancias externas mediante denuncia y evidencia.

Nunca está de más recordar que una comunidad escolar siempre va a permear lo que ocurre en la sociedad y por lo mismo el trabajo para abordarlo necesitará que las instituciones involucradas se articulen y trabajen en identificar soluciones, algo desafiante, más al asumir que se trabaja con la etapa adolescente.

Crisis de pánico, rasgos depresivos, autolesiones o consumo problemático de sustancias están asociadas a salud mental, afectando el desarrollo de los aprendizajes de manera directa.

El plan de reactivación educativa impulsada por el Mineduc incorpora como uno de sus ejes la salud mental y convivencia escolar desplegando una serie de acciones de apoyo, detección y formación inédito, que deberá ser evaluado próximamente como una herramienta concreta para enfrentar los problemas que hoy están afectando a los estudiantes. 

FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Hasta hoy son 11 los servicios locales de educación pública que en diversas regiones y localidades del país administran la herencia de casi 40 años de gestión alcaldicia, pero es Atacama la única que cuenta con el 100% de los jardines, escuelas y liceos municipales dentro de este sistema.

El servicio educativo del denominado SLEP tiene un significativo papel, en especial, porque se atiende a los estudiantes con mayores necesidades de aprendizaje, económicas y sociales del sistema escolar, transformándose en una prestación altamente sensible.

En el diseño de la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública claramente no se consideró la crisis de infraestructura y personal que se generaría con el traspaso a un servicio público. La crisis municipal de larga data también expulsaría esquirlas en el nuevo modelo.

Por lo mismo, el escenario no ha sido auspicioso para los SLEP y así lo han hecho ver los gremios conformados en estas instituciones a diversas autoridades, especialmente las legislativas, entendiendo que gran parte de las desventuras tienen relación con el diseño de la ley.

La falta de dotación técnica y profesional, la alta dispersión geográfica de los establecimientos, las dificultades para llegar al territorio y los problemas para encontrar proveedores, son algunas de las dificultades que han afectado la gestión frente a las urgentes necesidades de las comunidades educativas.

En Atacama, las deficiencias en los espacios que utilizan los equipos se suman al traspaso de funcionarios con años de licencia médica, sumarios pendientes, problemas de convivencia en comunidades educativas y necesidades de docentes especialistas y auxiliares de aseo, entre otras desventajas para una adecuada gestión.

Las complejidades a nivel país, han unido a los Servicios Locales mediante sus gremios porque son problemas transversales, adscribiendo también algunos Daem que en el futuro asumirán este desafío, porque el propósito siempre es allanar la cancha para que se mejore el estándar de funcionamiento.

Por ello cobra importancia que la crítica, que es válida cuando hay problemas de fondo, no sea sólo por el trabajo desplegado, que ha puesto a todos los equipos a trabajar en varios frentes, sino también a las rigidices que ha tenido que enfrentar un sistema que es determinante para alcanzar mejores estándares educativos y de equidad social.

POR UN ESTÁNDAR DE INCLUSIÓN 

A días de iniciarse un nuevo año escolar surge un desafío común para las comunidades educativas relacionado a cómo se administra de manera eficiente la interacción de sus integrantes y cómo se abordan las particularidades de aprendizaje que los estudiantes pueda presentar.

Una mejor convivencia escolar incide directamente en un mejoramiento de los resultados educativos y el desarrollo de innovaciones pueden llevar a estudiantes con necesidades educativas a reforzar su trayectoria formativa.

Para ello es recomendable que los sostenedores desarrollen un estándar de inclusión escolar para resguardar que toda medida que se disponga desde el establecimiento educacional esté acordada, reglamentada y socializada adecuadamente, tres aspectos básicos para el buen manejo de situaciones que pueden alterar la jornada de clases.

Los problemas de convivencia y las diferencias en los tiempos y formas de aprender de los estudiantes cruzan todo el espectro educativo, sin importar si son de administración pública o privada, pero claramente se acentúan en las comunidades que tienen un sello más inclusivo y diverso.

Por esa amplitud, es necesario que en la conformación de las reglamentaciones la participación de todos sea activa y que los procedimientos y protocolos, que muchas veces son criticados por ser excesivos, se entiendan como necesarios para enfrentar de mejor manera los eventos, emergencias y situaciones críticas que pueden afectar el desarrollo escolar.

El reglamento debe aplicarse en tiempo y forma, por ello cobra valor la existencia de una estrategia clara y difundida respecto a cómo se actuará en caso de ocurrir diversas situaciones que pueden afectar la estructura educativa. No pueden quedar a la improvisación ciertos aspectos que son esenciales para la vida escolar de los estudiantes, entendiendo que alguna acción mal aplicada podría significar una deserción.

Es relevante que las acciones que se acometan al interior de las comunidades educativas respondan a la evidencia, a las recomendaciones de especialistas, a la normativa existente y sean fiscalizadas, más cuando en la actualidad nuevas leyes buscan fortalecer el rol inclusivo en el accionar de los establecimientos educacionales.  

A MENOR DELITO, MÁS MIEDO 

A diferencia de lo que muchos pueden pensar Chile es un país punitivo, cuenta con la mayor tasa de personas en prisión de Sudamérica, 279 reclusos por cada 100 mil habitantes, con un promedio de reincidencia en delitos generales que supera el 50%, lo que evidencia que su efectividad como castigo podría estar en tela de juicio sin problemas.

Lo paradójico del país radica en que si bien no hay un incremento de delitos en relación a periodos pre pandemia hay una manifiesta inseguridad en la percepción de la población frente a estas materias. Diversas encuestas evidencian el temor de la ciudadanía frente a la delincuencia e inseguridad ciudadana poniéndolo como principal tema de interés por sobre las pensiones, la salud y la educación.

Y es que efectivamente en el país ha habido un incremento en los delitos violentos y un mayor uso de armas de fuego, generando un ascenso en el miedo de la población por las consecuencias que esto trae consigo, incorporándose también nuevas formas de criminalidad, incorporadas del extranjero, que han generado nuevas exigencias a las policías.

El endurecimiento del marco normativo en los últimos años ha recurrido a la cárcel de manera ineludible, estableciendo sanciones con penas privativas de libertad que han tejido un enmarañado código penal que a todas luces necesita un rediseño profundo y coherente a los nuevos tiempos.

Pero la cárcel como reducto de personas infractoras está en crisis, y a pesar de los constantes esfuerzos e iniciativas de fortalecimiento de sus centros de educación y trabajo hoy día está muy lejos de proporcionar una alternativa que asegure una reinserción social adecuada, con condiciones dignas, mayor seguridad y acceso a formación y desarrollo laboral para la mayoría de la población penal.

De acuerdo a la estadística de Gendarmería el porcentaje de reincidencia es mucho menor si los internos reciben algún tipo de actividad laboral, que llega al 50% de la población penal o si contaron con capacitación laboral, la que beneficia sólo a un 10% porque son iniciativas a las que no todos pueden acceder en los centros penitenciarios.

Por lo anterior, no hay que extrañarse cuando un delito sea cometido por alguien que ya ha estado en el sistema penitenciario, donde hizo redes, afinó estrategias y continuó con su prontuario porque muchas veces no hubo otra alternativa, debido a que las opciones si bien existen no se lograron amplificar para asegurar que todos quienes egresan tengan mejores competencias para volver a insertarse en la comunidad. 

CAMPAMENTOS EN EL CHILE DE HOY 

El destructivo incendio en Viña el Mar que afectó a viviendas ubicadas principalmente en una zona de campamentos es un doloroso ejemplo de las complejidades que genera vivir en asentamientos sin planificación urbana, gestión de desastres, regulación del mercado de suelos y ordenamiento territorial.

Valparaíso es la región con el mayor número de campamentos del país, pero es una realidad que ha afectado a todo el territorio nacional y las regiones del norte presentan también un amplio crecimiento en los últimos años.

Frente a un fenómeno tan complejo que afectaría a más de 71 mil familias en el país no hay recetas fáciles ni soluciones en el corto plazo, más al conocer la información del Catastro Nacional de Campamentos 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permite una aproximación certera a las causas y desafíos de esta realidad.

De acuerdo con este catastro en el país existen 1.091 campamentos y de ese total 106 están ubicados en Atacama, 35 nuevos tomando como base 2019, totalizando 5.463 hogares. Dentro de las razones que explican la decisión de habitar un campamento en el país están los bajos ingresos en el hogar y alto costo del arriendo, 7 de cada 10 hogares declara menos de 406 mil pesos mensuales teniendo como promedio a 3 personas en el grupo familiar.

Uno de los aspectos decidores está en el nivel educacional porque el 58% de las personas que habitan los campamentos ha alcanzado solo la enseñanza básica, transformándose en una dificultad estructural considerando que a mayor nivel educacional mejoran los ingresos. A pesar de esta situación es importante reconocer que tan sólo el 7% se declara estar desocupado.

El crecimiento exponencial de campamentos también está ligado al incremento de la población migrante, en la actualidad el 40% de los hogares del total nacional está dirigido por una jefatura de hogar extranjera y de ellos casi el 60% no tienen residencia definitiva.

El 63% de los hogares no tienen acceso a una solución sanitaria, más del 40% no accede a la red pública de agua y casi 7 de cada 10 hogares acceden a la red pública de electricidad sin medidor, situación altamente riesgosa. Del total catastrado, 399 campamentos están bajo amenaza por estar ubicados en zonas de riesgo como espacios aluvionales, inundaciones, tsunamis entre otros.

Se estima que un tercio de los que habitan los campamentos son niños, niñas y adolescentes, privándolos de infraestructura que es fundamental para su desarrollo individual y social. Hoy por hoy pensar en erradicar estas verdaderas ciudades es una tarea desproporcionada, pero es urgente buscar medidas innovadoras y eficaces que favorezcan mejorar la calidad de vida y la seguridad de quienes habitan estos asentamientos. 

DESERCIÓN ESCOLAR POSTPANDEMIA 

Las causas y consecuencias de una crisis social como la deserción escolar siempre han sido difíciles de identificar y de abordar, pero el escenario pandémico complejizó aún más las cosas.

El Ministerio de Educación a través de su centro de estudios cifró en más de 50 mil los estudiantes desvinculados del sistema educativo entre 2021 y 2022, cifra que alerta por las consecuencias que tiene en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes afectando principalmente sus relaciones humanas y el proceso de aprendizaje.

Para quienes hemos trabajado por años el fenómeno de la deserción escolar sabemos que no hay recetas fáciles y que se necesitan dispositivos institucionalizados para identificar, analizar y abordar los factores de riesgo que afectan la participación escolar.

Postpandemia las comunidades educativas han reforzado diversas medidas, algunas altamente efectivas en la identificación de los problemas, pero encuentran trabas en la respuesta a lo que se detecta, en especial, cuando las brechas de asistencia son generadas por problemas económicos, de salud o dinámicas familiares en riesgo social.

Por la amplia complejidad de las variables que afectan la participación escolar en los territorios, el Mineduc puso en marcha una política de reactivación denominada "Seamos Comunidad" dirigida a los factores que inciden en la deserción de los estudiantes. La tarea es trabajar con acciones que tengan en cuenta las realidades de cada zona, pero donde el protagonismo lo tenga la comunidad escolar y sus integrantes.

No hay duda de que la detección inicial de las posibles causas del ausentismo comienza en la sala de clases, por ello es clave dotar a los docentes y asistentes de mecanismos de observación, registro y derivación interna para facilitar la búsqueda de soluciones, agotar toda alternativa a tiempo para evitar la salida de estudiantes.

Para identificar opciones de abordaje hay que ser creativos, disruptivos y tener la capacidad de adelantarse a lo que les afecta a los estudiantes. Es determinante estar atentos a sus sistemas de crianza y de paso estar impulsando instancias de información y promoción para que los estudiantes asistan a clases. El trabajo es colectivo, de la sociedad entera, pero sin duda es la comunidad escolar quien tiene el poder para revertir este abandono.  

                                                                                                                                                                   Ilustración: Elena Ospina 

RETENCIÓN ESCOLAR AHORA

Detrás de cada expulsión de estudiantes del sistema escolar siempre hay algo común, la posibilidad concreta de quedar fuera del proceso educativo con todo lo que eso puede implicar en una sociedad donde la educación es clave.

Detrás de una conducta que justifica la salida de un establecimiento, siempre por razones fundadas y descritas en el reglamento interno, hay situaciones profundas, muchas veces generadas por la dinámica familiar, carencias materiales o afectivas que son llamados de atención. Muchas veces no hay tiempo para identificar que hay detrás de estos problemas, las reacciones se castigan antes de identificar fielmente las razones que las movilizan.

Si bien la normativa actual permite que de manera excepcional se aplique la expulsión o la cancelación de matrícula, el desafío es elevar el estándar de inclusión, en especial, con estudiantes que presentan problemas graves que afectan su participación escolar, puntualmente si afectan la convivencia escolar o si son delictivas.

La escasez de iniciativas enfocadas en niños, niñas y adolescentes con problemas críticos de asistencia o desertores escolares debería exigir a los establecimientos educacionales diversificar aún más las acciones de apoyo, refuerzo y acompañamiento de los estudiantes cuando están presentando conductas que están afectando su proceso de enseñanza.

Lo anterior, porque es evidente que muchos de los estudiantes que están vinculados a situaciones de riesgo presentan escaso interés en el estudio, menor participación, relaciones conflictivas con sus pares y poca adherencia a las reglas.

En estas situaciones el fortalecimiento de las estrategias de intervención de las redes colaboradoras del Estado y su mayor vinculación con los establecimientos también toman un rol estratégico, en especial, porque son las entidades que más cercanía pueden alcanzar con los grupos familiares y los contextos en que viven los estudiantes.

Una educación completa entrega mejores oportunidades para acceder a trabajos formales, mejores remuneraciones y brinda herramientas para una mejor interacción y convivencia social, por ello la retención escolar debería ser una urgencia social y una tarea comunitaria. 

CRISIS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Los expertos en el ámbito educativo lo previeron posterior al encierro por la pandemia: la adaptación al proceso escolar, el avance pedagógico y la interacción se verían en problemas. Pero antes de esta nueva realidad, la Unesco ya había establecido que el acoso y la violencia escolar eran un fenómeno que venía incrementándose preocupantemente a nivel global.

Era claro que las dificultades propias de un encierro prologado se unirían a diversas situaciones que no favorecen el trabajo de socialización, mecanismo base para enfrentar los problemas de convivencia en el sistema escolar y que por centrarse en la medición de aprendizajes, muchas veces, no se le da el protagonismo que amerita.

La violencia que se vive en las comunidades educativas también se traspasa de la violencia que se experimenta a nivel social, los problemas de interacción de los adultos permean de manera directa en la realidad educativa afectando el accionar de los niños, niñas y adolescentes, porque son sus referentes. El estrés provocado por la incertidumbre del contexto actual es parte responsable de la crisis en salud mental que se vive hoy.

Las herramientas de participación social y la resolución pacífica de conflictos se aprenden y para ese aprendizaje las comunidades educativas tienen la posibilidad de generar instancias conjuntas para abordar estas dificultades y encontrar vías para solucionarlas. Por ello, promover acciones grupales de buen trato, trabajar en reconocer las emociones y promover el fortalecimiento del autocuidado en los docentes y asistentes que trabajan directamente con los estudiantes deberían ser parte de las alternativas.

Los mecanismos más efectivos y validados para enfrentar la violencia se basan en ir a la causa e intervenir a tiempo, identificar a los involucrados y también promover que todos quienes indirectamente están vinculados con el problema participen en su solución. La prioridad es jamás normalizar los hechos violentos y trabajar cohesionados para evitarlos. 

URGENTE REVISIÓN DE LAS PEDAGOGÍAS

No debería extrañar que un profesor egresado de la Universidad de Atacama no trabaje en su especialidad o un ingeniero esté impartiendo clases de matemáticas.

Lo anterior, ha sido forzosamente la tendencia que se ha instalado estos últimos años, mientras se consolida la urgente necesidad de los establecimientos educacionales, especialmente públicos, de contar con especialistas en Matemática, Lenguaje y Ciencias.

La escasez de docentes es una tendencia que se irá acrecentando con el correr de los años, ya lo evidenció la iniciativa Elige Educar con un estudio que cifra en más de 30 mil el déficit de docentes a 2025 en el país.

Ante ese escenario y por lo pronto el Ministerio de Educación dispone de la autorización para el ejercicio de la función docente, proceso que habilita y autoriza para ejercer como profesor a profesionales de carreras afines cuando se acredita carencia de personal docente idóneo. Una iniciativa que, de ser excepcional, hoy es fundamental para el funcionamiento del proceso.

Sólo como ejemplo, el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, hoy el más grande del país con 5 comunas y 31 mil estudiantes, tramita más de 500 autorizaciones en el año, muchas de ellas para suplir asignaturas que son esenciales.

A la luz de la evidencia, urge generar una estrategia regional que promueva la incorporación de las carreras que hoy son altamente demandadas por el sistema escolar, promoviendo así mecanismos que mejoren los magros resultados de la región. No hay que olvidar que Atacama registra los peores resultados educativos en las mediciones nacionales.

Y aunque de la labor universitaria actual se valoran los planes especiales creados para facilitar la inserción de los ingenieros en la escuela y los postítulos para fortalecer especialidades, la necesidad es más urgente y requiere de una revisión de las pedagogías para responder concretamente a las necesidades de la región.

El proceso es más desafiante cuando se exige la acreditación de pregrado de las carreras y programas asociados a pedagogía, pero es una demanda crítica y además responde a una dimensión importante de la acreditación como lo es la vinculación con el medio, porque tal como lo establece la misma Comisión Nacional de Acreditación, corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los interés y necesidades del país y las regiones.

IDEAS PARA ABORDAR EL DIAGNÓSTICO TEA

La inclusión educativa es un imperativo y así lo han establecido las normativas y políticas que sustentan el sistema escolar, sin embargo, vale tener en cuenta las dificultades que en la actualidad están viviendo los estudiantes con diagnóstico de trastornos del espectro autista al interior de las comunidades escolares.

Lo primero es reconocer que la infraestructura escolar actual no colabora con la intervención ni el acompañamiento, en especial, en los casos que requieren atenciones más personalizadas, donde las salas fueron proyectadas para atenciones entre 30 a 45 estudiantes.

Lo anterior, exige una inversión en readecuaciones escolares para permitir una intervención temprana, efectiva y contextualizada a las necesidades que experimentan los estudiantes, también contar con alternativas de atención escolar diversas a las presenciales, tales como las ambulatorias y domiciliarias que favorezcan la adaptación y el desarrollo a estudiantes con cuadros más críticos.

Un punto esencial son los ajustes a la normativa vigente, donde sin duda el programa de integración escolar, cuyo nombre ya muestra un desfase con los nuevos tiempos, debe modificar su foco administrativo para centrarse en la intervención y en el desarrollo formativo de los equipos para así hacer frente a los dinámicos desafíos que exigen los estudiantes.

También, la acreditación del personal que atiende a estudiantes con el diagnóstico, tanto docentes y asistentes de la educación como psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales y asistentes de aula. La preparación es clave para un abordaje efectivo, ya que la improvisación puede afectar vidas.

Una urgencia es la creación de un centro integral que apoye a las familias y las comunidades educativas en este desafío, un lugar de encuentro donde se obtenga intervención temprana, asesoría y acompañamiento tal y como lo realiza la Teletón con la discapacidad física.

Necesario es conformar una instancia de encuentro de los padres, madres o tutores de estudiantes TEA para conocer sus avances y sistematizar mediante un repositorio la experiencia que han ganado en el día a día con sus hijos, para ayudar a generar evidencia que fomente la investigación. En este punto las universidades podrían hacer una contribución determinante.

Un paso fundamental son las campañas sociales para entender el autismo, conocerlo desde dentro para empatizar con las personas que lo viven y acercarse al esfuerzo que realizan para que los entornos puedan aceptarlos sin discriminación ni acoso de ninguna especie. 

VIOLENCIA ESCOLAR EN PANDEMIA

A un semestre del inicio del año escolar el escenario está desafiante, el clima de las comunidades escolares ha experimentado graves situaciones de violencia que exceden el accionar de los establecimientos y sus protocolos afectando a los integrantes en todos sus niveles.

La violencia se extiende y no sólo cubre a la educación pública reconocida por ser más diversa sino al sistema escolar en su totalidad y ocurre después de un extenso cierre de colegios por la pandemia y situaciones sociales que aún no se han detectado de manera integral.

El poco tiempo transcurrido no ha permitido dimensionar los conflictos que afectan a los estudiantes, los llamados de atención que generan, los grupos de pertenencia a los que se han unido, las motivaciones que los mueven y menos quienes están detrás de ellos empujando su participación escolar.

Para los actores de las comunidades educativas uno de los problemas más acuciantes radica precisamente en la dinámica familiar, porque la familia es la unidad esencial para contribuir de mejor manera a resolver lo que experimentan los estudiantes, pero que en los casos con mayores complejidades muchas veces falla o es inexistente.

Por ese motivo, la intervención más efectiva radica en identificar a tiempo el problema y activar las derivaciones o denuncias sobre situaciones que afecten el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes, incorporando de manera activa a las redes colaboradoras que financia el Estado en el territorio.

Las escuelas y liceos necesitan que todos los organismos que trabajan con infancia y adolescencia y en especial con materias sociales y de seguridad colaboren de manera mancomunada para abordar un fenómeno que está escalando y que afecta de manera directa el anhelo de la calidad educativa porque la violencia escolar impacta directamente el rendimiento y el avance escolar.

Hoy un establecimiento educacional, como una medida excepcional, puede expulsar o cancelar matrícula si uno de sus estudiantes ejerce violencia física o psicológica ante un integrante de la comunidad escolar, pero hacerlo muchas veces significa reconocer que las intervenciones, derivaciones o remediales están fallando, y eso exige revisar con urgencia en qué punto estamos y qué es lo que se necesita como sociedad para fortalecer la tarea educativa.    

Imagen: https://sdemocional.org

En momentos de no pandemia los establecimientos educacionales son el lugar, después del hogar, donde los niños, niñas y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo, periodo en el que a diario se pueden identificar las dinámicas familiares y sus formas de abordar la crianza.

Son los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos los recintos que atienden a los estudiantes con mayores dificultades sociales y económicas del país, por ello serán centrales en su trabajo diario la conformación de las Oficinas Locales de la Niñez, desplegadas en todo el país en el marco de una nueva institucionalidad para abordar sus derechos.

Con la puesta en marcha de las Oficinas Locales de la Niñez se dispondrá, con un fuerte componente de participación, un trabajo territorial de promoción y prevención en el marco de un sistema de protección integral desde la gestación hasta los 18 años.

Pero también hay otros aspectos relevantes a considerar como es la participación social, con el fortalecimiento del rol de co-garantes de las familias, instituciones, la comunidad y actores locales que trabajan abordando la niñez y la adolescencia.

El territorio y la gobernanza son aspectos esenciales en esta nueva conformación porque se apuesta por la presencia en cada una de las regiones, permitiendo atender sus particularidades y necesidades propias.

El desafío es de proporciones porque recoge las deficiencias del sistema actual para incorporar como sujeto de atención no sólo al niño sino a su familia, desarrollando procedimientos eficientes para abordar diagnósticos clínicos, programas ambulatorios, cuidados alternativos y procesos de adopción, entre otros.

Que las instituciones que participan abordando la infancia y la adolescencia conversen y establezcan sentido de urgencia a las dificultades que afectan sus derechos es la meta, porque es la sociedad en su conjunto quien debe velar porque los niños, niñas y adolescentes se desarrollen y alcancen sus máximas potencialidades.


Hay padres que aclaran que a sus hijos adolescentes nos les falta nada y aun así muestran una constante insatisfacción con lo que se logra o se tiene, un relativismo frente a las rutinas diarias y una desmotivación que a veces cae en el retraimiento.

Madres de adolescentes se preguntan contantemente si están haciendo bien las cosas con sus hijos, si las exigencias, las garantías o los castigos son los justos y adecuados, más con sus constantes cambios de temperamento.

La adolescencia es una olla en ebullición, llena de cambios y con una alta prevalencia de experimentar problemas de salud mental, de hecho, se estima que la mitad de quienes sufren enfermedades mentales siendo adultos ya tienen sintomatología antes de los 14 años. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la depresión es la patología que más afecta a los adolescentes y el suicidio, en esa edad, la tercera causa de muerte a nivel mundial. 

El desafío está en la detección temprana, por ese motivo, las familias y los establecimientos educacionales tienen que contar con información y dispositivos de alerta frente a situaciones que afecten a los estudiantes, identificando qué es propio de la edad o lo que manifiestamente es una alteración o anomalía.

Abúlicos frente al estudio, extrema violencia con sus hermanos o pares, autoagresiones, trastornos del sueño, desmotivación extrema, una melancolía persistente o cambios de temperamento pronunciados son parte de una sintomatología que jamás debe normalizarse.

La OMS promueve empoderar a cuidadores o los equipos que están cerca de los adolescentes para identificar señales y trabajar de manera preventiva con refuerzo directo o derivaciones a especialistas desde el primer momento.

La terapia psicológica es recomendable, en especial, en la adolescencia, pero la comuna no cuenta con programas ni mecanismos de apoyo focalizados para brindar asesoría y contención a adolescentes que no lo están pasando bien y necesitan ser acompañados. 

Cuando se atiende a tiempo el pronóstico es mucho más alentador, no hacerlo es una bomba de tiempo para un futuro adulto que no estará en las mejores condiciones para abordar la vida social. Prevenir es siempre al final más saludable.

Imagen: Educar Chile

TEMAS DE INTERÉS 

Cuando un adolescente decide terminar con su vida un sinfín de procesos han ocurrido a su alrededor, situaciones que la Organización Mundial de la Salud recomienda atender preventivamente, porque hay factores de riesgo asociados y señales de peso que pueden ser identificadas a tiempo como la depresión o el acoso escolar.

La salud mental, como lo hemos advertido en otras columnas, es determinante, pero hay grupos vulnerables cuyas tasas de suicidio son más altas, son grupos que hay que identificar y ayudar: migrantes, refugiados, personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y personas recluidas.

Es la adolescencia una edad difícil que se complejiza aún más si el entorno no acompaña las posibles situaciones de riesgo a las que pueden estar expuestos los niños, niñas y adolescentes, quienes por largos años están en el sistema escolar.

Si los establecimientos educacionales dispusieran de mecanismos de apoyo focalizados para detectar los signos de alarma, fortalecer la consejería y sancionar sin tregua las manifestaciones de intolerancia y de falta de empatía, que en ocasiones también surge de los adultos, se trabajaría de mejor manera elementos preventivos.

Todos, directa e indirectamente, hemos vivido o presenciado alguna expresión de discriminación, molestia o acoso, la interacción en el sistema escolar puede ser un generador de estas malas prácticas sin un control adecuado.
Por ello las normativas y procedimientos deben estar claramente establecidos y socializados, no vasta con disponer de fuertes reglas, sanciones o protocolos si no se conocen ni se discuten permanentemente.

Los cambios de conducta no se logran solo con advertir las consecuencias, sino de trabajar de manera permanente a ensayo y error, de instalar prácticas de promoción y comunicación respecto a todas las materias que podrían afectar la participación escolar.

Lo peor que puede pasar, en estos casos, es constatar que después de advertir las situaciones, por parte de familiares o amigos, no se desarrollen las acciones adecuadas para su abordaje, naturalizando la discriminación o las agresiones verbales o físicas.

Ante el suicidio de un o una adolescente, lo que haga un establecimiento educacional, es tan importante como lo que pudo haber hecho antes.

Aunque nació en Pakistán, Malala Yousafzai vivió en carne propia a sus 15 años un atentado de intolerancia religiosa al recibir un disparo de un fanático talibán por representar un movimiento de apoyo a la escolarización de las niñas en su país natal. Pero Malala sobrevivió para visibilizar mundialmente un problema que aleja a las mujeres de un derecho que cambia vidas y que ahora en Afganistán podría volver a repetirse.

La educación como herramienta de movilidad social, igualdad de oportunidades y desarrollo personal y comunitario es central para el avance de las naciones, por ello, la prohibición o mayores restricciones para el acceso de las niñas y mujeres a un ámbito escolar, es perjudicial y atentatorio contra sus derechos.

Las rigideces que por decreto establece el régimen talibán de Afganistán para permitir el acceso de niñas y mujeres al estudio, se suman a las ya varias restricciones que viven en la sociedad lo que promovería un incipiente abandono de este proceso.

Prohibición de clases mixtas, contratación de mujeres profesoras, uso de indumentaria que oculte cuerpo y rostro, además de contar con más espacios diferenciados para evitar el contacto con hombres, claramente dificultarán su incorporación porque no siempre estarán esas condiciones cubiertas.

Y aunque la escolaridad primaria avanza sin límites en el mundo, el nivel secundario y superior experimenta diversas situaciones de retardo por el mayor nivel de responsabilidades que viven las mujeres en casi todas las sociedades en sus diversos roles como hijas, madres y hermanas, las que se incrementarán con estas exigencias.

En este contexto, lo favorable, es que en un mundo global es imposible pensar que la comunidad internacional quedará inmóvil frente al atropello de los derechos de las personas, más con la incertidumbre de un régimen con antecedentes acreditados de violaciones a los derechos humanos, en especial, contra de las mujeres, minorías y disidencias al interior del país.

La escuela es un centro de oportunidades para el avance social y el pleno desarrollo de capacidades, por ello vale la pena reconocer el trabajo que realiza Malala al promover que las intolerancias no deben ser un obstáculo para continuar asegurando el acceso de niñas y mujeres a la educación.

Imagen: Amazon


Temas contigentes 

Educación versus delincuencia

Quienes atienden el fenómeno de la delincuencia saben de sobra que mayores contingentes policiales, patrullas y cárceles no disminuirán los índices del delito si de manera paralela no se atienden los grandes problemas sociales que están detrás de estas situaciones.

Las mismas policías identifican que detrás de los numerosos robos a colegios, por ejemplo, se encuentra la participación de grupos de adolescentes que, por lo general, están desescolarizados y presentan problemas con el consumo de drogas. Los grados de imputabilidad obviamente son menores pero también el nivel de oportunidades concretas para que puedan salir de ese círculo.

Actuar en hechos delictivos tiene relación directa con vivencias individuales de estrés y tensión, nadie delinque porque tuvo experiencias nutritivas que les permitieron resignificar a tiempo las conductas que no son adecuadas. Detrás de un adolescente que está iniciando la comisión de delitos siempre hay poderosas y profundas razones.

La delincuencia al igual que la violencia se aprende, romper el tejido que lo genera es una tarea urgente, por tal motivo, el vínculo que tienen los municipios con sus territorios y en ello la participación de los vecinos y las agrupaciones sociales son muy relevantes. Lo que pase de la puerta de nuestra propia casa a la calle es un tema que podría afectarnos a todos, por ello es importante involucrarse.

Las experiencias comunales más efectivas para disminuir el problema delincuencial muestran precisamente la efectividad de identificar a quienes no están en sistemas educativos teniendo la edad para hacerlo, a las familias que están con problemas, a los integrantes que se encuentran con adicciones o problemas de salud mental, disponiendo programas locales para abordarlos de manera directa y sin largos tiempos de espera.

Participar en actividades delictivas es el directo resultado de la ruptura de vínculos sociales, por esa razón no es de extrañar que 8 de cada 10 infractores de ley juveniles estén fuera del sistema escolar cuando comenten un delito, para ello, proponer mecanismos de escolarización alternativa, modelos dinámicos y con profesionales especializados puede contribuir a disminuir el incremento de las trayectorias delincuenciales.

Imagen: doctorado16.blogia.com

Ideas para abordar la vilencia escolar

Las consecuencias de la violencia escolar son inestimables, cruzan la desmotivación escolar, el bajo rendimiento, la deserción y en casos más extremos hasta el suicidio infantil y adolescente, por ello la tolerancia cero a toda forma violenta de resolver conflictos debe ser una verdadera cruzada en las comunidades educativas.

Luego de dos años de pandemia, el confinamiento y la presencialidad escolar se ha hecho más notoria en la actualidad, sin embargo, los expertos son claros al determinar que la violencia se transmite desde los adultos y detrás de ella hay también profundas razones sociales productos de la desigualdad y la segregación social.

Si la violencia se aprende, el éxito de una comunidad educativa dependerá de no legitimar su uso en ninguna circunstancia, para ello es necesario construir colectivamente formas más sanas y adecuadas de relacionarse.

Para ese propósito, todas las instancias de participación escolar tienen relevancia para abordar los actos de violencia: el consejo escolar, el consejo de profesores, las agrupaciones de estudiantes y los centros generales de padres y apoderados, porque mientras más amplia sea la mirada en la búsqueda de estrategias para erradicarlas y solucionar conflictos se garantiza una mayor validación y efectividad.

Reglamentos, normativas y protocolos deben ser continuamente socializados, en todos los niveles y con todos los actores, conocer las implicancias de los actos que afecten la seguridad de los integrantes es un imperativo, una acción violenta siempre tendrá una repercusión y su impacto debe conocerse.

La preparación es central. Los actores de las comunidades escolares deben tener acceso a información respecto a las consecuencias de la violencia, un trabajo focal con todos los que la ejerzan y participen de ella, disponer de alternativas para resolver conflictos de manera pacífica y facilidades para informar amagos de violencia, porque mientras antes se aborde hay más posibilidades de éxito.

Resignificar la acción violenta, o sea darle un nuevo significado y modificar la conducta, es gravitante para lograr mejores aprendizajes, para ello es necesario asumir que no es un problema de pocos, sino de todos, porque está acreditado que las comunidades educativas que avanzan son aquellas que mejor convivencia escolar tienen.

Nubes de Palabras 

CON GOLPES SÓLO SE APRENDE A GOLPEAR

Las cifras de Unicef son conmovedoras y elocuentes: un niño muere cada 5 minutos en el mundo producto de la violencia, así como seis de cada diez niños entre 2 y 14 años sufren de maltrato físico diario, edades que tristemente coinciden con la vida escolar.

Revertir la cifra es un trabajo laborioso, porque la única manera de erradicar las diversas formas de violencia es prescindiendo de ella, y para lograrlo es necesario desnaturalizar conductas que son propias de los adultos, con las que se conviven a diario sin una mirada crítica. 

Cuántos padres golpean a sus hijos, zamarrean de manera violenta o gritan fuertemente para moldear su conducta, en el entendido que así se logra. Cuántas veces somos testigos silentes en las calles o con nuestros propios vecinos de la violencia de los adultos sobre los niños, consternándonos, pero sin decir ni hacer nada porque están en la esfera de la privacidad.

Muchas veces replicamos los patrones de crianza que hemos aprendido en nuestra infancia, sin siquiera identificar que tal vez nuestra experiencia no es el modelo recomendable o el más efectivo, por ello se vuelve urgente informar algo claro: con golpes sólo se aprende a golpear.

El acoso escolar es tan solo el reflejo de otros tipos de violencia exógenas al sistema escolar, frente a los que están expuestos, directa o indirectamente, pero que son diarios y que permean al niño, niña y adolescente a lo largo de todo su crecimiento.

Por este motivo, es relevante que frente a un proceso educativo tengamos que focalizar e intervenir con especial atención a los niños que son extremadamente violentos, los que utilizan un lenguaje verbal inapropiado, no desarrollen la empatía y no logren expresar su ira adecuadamente.

El desafío es estratégico en la etapa escolar porque es allí donde se reúnen múltiples generaciones de estudiantes con sus respectivas familias, familias en las que se debe exponer sin tregua sobre el fenómeno de la violencia, las consecuencias y el nulo avance que se obtiene de crianzas con modelos castigadores.

Que se forme, se acompañe, se muestre, se discuta y clarifique lo que la evidencia no se cansa de hacer patente, que la violencia sólo genera más violencia y que ser testigos y cómplices de ella es un riesgo que como sociedad no podemos aceptar.

EL DESAFIANTE EMPLEJO JUVENIL 

La inclusión educativa plena implica una escuela preparada para atender las diversas necesidades que presentan los estudiantes, generando para ello estrategias diversificadas y enlazadas a los procesos regulares, con personal preparado y espacios acondicionados para facilitar los lugares de encuentro que atiendan las múltiples realidades de aprendizaje. 

El camino ya se inició con el establecimiento de una normativa que la regula y que exige la aplicación de una serie de acciones que aún falta instalar plenamente en el interior de los establecimientos educacionales, hablamos de prácticas educativas diversificadas, sanciones formativas, planes de intervención académicos y multidisciplinarios, entre varios otros.

Claramente los cambios no se lograrán sólo con incrementar las multas aplicadas por la entidad reguladora, que pueden llegar a ser muy cuantiosas, sino por preparar de manera constante a quienes están protagonizando este profundo cambio en la forma de transmitir conocimientos.

Frente a ello, las entidades de educación superior tienen una extraordinaria oportunidad de aportar en la aplicación de nuevas metodologías, en el fortalecimiento del manejo didáctico y en el impulso a los cambios en el curriculum que son determinantes para enfrentar esta nueva dimensión formativa. Los cambios deben venir, porque la inclusión no puede ser total en un sistema escolar como el que conocemos hasta hoy.

A la espera de un trabajo inclusivo en su totalidad, es válido establecer mecanismos de apoyo escolar para niños y jóvenes que hoy no están asistiendo a ningún sistema educativo por los innumerables problemas que presentan y frente a los cuales el sistema actual no se encuentra preparado, entre ellos los que presentan consumo problemático de drogas, trastornos de conducta severos o los que están inmersos en actividades delictivas, entre otras situaciones.

Los países que han trabajo exitosamente la inclusión han demostrado que es perfectamente compatible con alcanzar altos rendimientos en las mediciones internacionales, han sido capaces de evidenciar que se puede abordar desde la escuela común innumerables desafíos, implementando una atención que promueve un avance pedagógico exitoso y colectivo.  

Destacamos

POR UNA RUTA ESCOLAR FAMILIAR

De uno a siete cuál es la nota que se ponen como familia frente al proceso escolar. Esta es la primera pregunta con que se inicia la aplicación de la Ruta Escolar Familiar, instrumento de evaluación que reúne gran parte de la evidencia internacional en relación a la correcta estimulación temprana, cuidado y refuerzo de estudiantes en procesos escolares.

Muchas veces son innumerables las señales que muestran que los estudiantes no cuentan con un apoyo familiar adecuado, indicios que hay que tomar en cuenta desde la sala cuna, porque todo abandono o desatención puede gatillar los más insospechados problemas en un proceso extenso y determinante en la vida de las personas como es el educativo.

Contar con hábitos diarios dirigidos a fortalecer su inserción escolar es tan gravitante como el contar con las comidas correspondientes de manera balanceada y en los horarios adecuados, lo mismo con las horas de sueño, centrales para participar de mejor manera en una jornada escolar. Son parte de lo que observa la evaluación en el propio contexto del estudiante.

Porque la evidencia muestra que no contar con rutinas establecidas provoca un desorden en los niños y niñas que pueden generar estrés u otras alteraciones que afectan directamente la participación en modelos estructurados como el sistema escolar, provocando desatención, problemas de aprendizaje y otras dificultades que no refuerzan el avance escolar. 

Aspectos como la habitabilidad, el contar con los requerimientos materiales, el establecimiento de horarios, la presencia de adultos responsables presentes y participativos, entre otros, son también elementos considerados en esta fotografía familiar.

La medición pone una nota al hogar, identificando los aspectos deficientes y proponiendo opciones para revertirlos, mediante talleres y asesoría, información de prestaciones públicas y aspectos de salud, entre otros.

Lo favorable de una evaluación externa preventiva es que encamina a la familia, en caso de necesitarlo, a mecanismos de refuerzo y mejora, porque el foco del trabajo efectuado es fortalecer lo que ya se hace, en base a la información de lo que es más importante por el bien de los estudiantes y su futuro escolar.

Imagen: www.magisnet.com


OPORTUNIDADES FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Una cárcel que sobrepasa con creces la capacidad para la cual fue creada, unido a su precaria infraestructura en Copiapó cuenta en su interior con un especial proyecto educativo, un liceo técnico profesional, donde quienes participan en él tendrán asegurada una destreza que podrá ser acreditada.

De administración pública, el Liceo Edwin Latorre Rivero impulsa las carreras de Alimentación Colectiva, Vestuario y Confección Textil, desarrollando un alto nivel en sus trabajos, con estudiantes que han aprovechado cada minuto para sacar unos talentos que no siempre tuvieron la posibilidad de mostrar.

Hay evidencia suficiente para demostrar que fue precisamente la falta de oportunidades en sus trayectorias de vida las que los llevaron a prisión, más de la mitad de la población penal a nivel país, aproximadamente 23 mil, están en esa situación por robo, delito que también es la principal causa en las cárceles de América Latina y el Caribe.

Cuando 7 de cada 10 personas privadas de libertad en Chile no cuentan con su escolaridad completa, se hace evidente que dentro de las tareas que hay que focalizar se encuentran las relacionadas a normalizar los estudios para volverse a reintegrar en la comunidad.

Cuando a nivel nacional tenemos una población penal en un 90% compuesta por hombres, con un promedio de edad de 31 años, cuando el 68% declara haber cometido delito antes de los 18 años, el 43% haber estado en hogares de menores y cuando un 45% de los encarcelados nunca ha tenido un trabajo previo, otorgar nuevas opciones y oportunidades es un pendiente que como sociedad tenemos que tratar de saldar.

Pero ese avance personal va de la mano del verdadero desafío que está en impulsar que las instituciones productivas de la región crean en su crecimiento y les abran las puertas para concretar lo famosamente conocido como reinserción social.

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Estudiar siendo adulto

Conocí a Dolly por su insistencia, porque buscaba opciones de estudio para su hijo desertor escolar. Los problemas disciplinarios, la desmotivación y el desfase de edad lo fueron alejando del estudio.

Dolly, jefa de hogar y trabajadora, aunque forma parte de las casi 5 millones de personas mayores de 20 años que no han terminado su escolaridad en nuestro país, tenía la intranquilidad permanente que su hijo con casi 15 años había llegado sólo a sexto año básico.

Porque las destrezas no se pierden sólo se olvidan, los invitamos a ambos a buscar fórmulas de escolarización, en un efectivo desafío familiar porque se sabe que las posibilidades de terminar los estudios con adultos que cuentan con escolaridad completa es más alta que con aquellos que no la tienen.

Dolly dudó de sus capacidades, pero enfrentó el desafío y comenzó a estudiar. Volver a tomar los cuadernos, enfrentarse a nuevas tareas e investigar, compartir las dudas con su hijo y unirse en el poco tiempo libre que le quedaba, cambió sus rutinas y fortaleció su vínculo.

Ella es un ejemplo que la educación permite ingresar a un mundo de más oportunidades, porque sabía también que los logros laborales que ha conseguido por ser eficiente, responsable y esforzada, pueden mejorar aún más al lograr una mayor escolaridad.

La oferta ministerial con modalidades flexibles y examinaciones libres es amplia, pero hay un componente que es fundamental y tiene que ver con el cómo se acompaña y refuerza el proceso de estudio una vez que uno lo ha abandonado durante tantos años.

Normalizar estudios adultos debiera ser una cruzada que nos movilice a todos, especialmente porque sabemos que son los menores de edad los que se verán beneficiados.

Creer firmemente que uno puede y reforzar de acuerdo a las propias experiencias de vida los nuevos conocimientos son fórmulas que siempre son exitosas en los procesos educativos de adultos.

Porque para avanzar en educación nunca es tarde, la invitación está abierta.

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